La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz (PRD), afirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe notificar a los interesados y verificar su información antes de publicar la “lista negra” con la que dará a conocer a los contribuyentes incumplidos.

Mediante un comunicado de prensa, la legisladora perredista señaló que dicha medida evitaría daños a la reputación de ciudadanos cumplidos y contribuiría a corregir la serie de errores que están siendo denunciados por personas afectadas.

Agregó que la lista de contribuyentes incumplidos, que a partir de este mes publicará el SAT para dar a conocer quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, “ni son todos los que están, ni están todos los que son, debido a las inconformidades expresadas por personajes públicos que niegan tener problemas fiscales”.

Asimismo, manifestó que, ante las inconsistencias de este listado que ha afectado a contribuyentes cumplidos, es necesario que éstos tengan la oportunidad de aclarar su situación, con el fin de no violentar sus derechos.

Alavez Ruiz también pidió al SAT corroborar que los nombres que se incluyan en la relación sean efectivamente de contribuyentes incumplidos, por lo que deben ser revisados uno por uno, con el fin de que sea un listado confiable.

“Esto se debe hacer sin menoscabo de la transparencia con que se debe cumplir, ya que es necesario que los ciudadanos conozcan los nombres de contribuyentes y empresas que no son cumplidos, con el fin de combatir la corrupción”, dijo.

La reforma hacendaria, aprobada por el Congreso de la Unión en meses pasados, establece, entre otras modificaciones, que partir del 1 de enero de este año se publique nombre, razón social y Registro Federal de Causantes de los contribuyentes incumplidos en ciertos rubros.

De acuerdo con la reforma, los contribuyentes considerados incumplidos son aquéllos que no han pagado o no han garantizado sus créditos fiscales; los que se encuentren como no localizados; que tengan una resolución judicial respecto de la comisión de un delito fiscal; que se hubiere condonado su crédito fiscal o que hayan sido cancelados por resultar incosteable o insolvencia del deudor.