• Buscan fortalecer los derechos de los contribuyentes y garantizar que reciban justicia en materia tributaria

• Se reconocen como autoridades fiscales a organismos fiscales autónomos como el IMSS y el Infonavit

El senador del PAN, Héctor Larios Córdova, presentó, a nombre propio y del diputado Carlos Alberto García González, una iniciativa para adicionar el artículo 1º de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y reformar los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), con el objeto de fortalecer los derechos de quienes pagan impuestos y garantizar que reciban justicia en materia tributaria.

El proyecto homologa ambos ordenamientos para establecer como autoridades fiscales, además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); y a autoridades fiscales estatales y municipales adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

El documento, presentado durante la sesión de la Comisión Permanente, indica que los organismos fiscales autónomos, al ejercer sus atribuciones en materia fiscal, pueden realizar actos que vulneren su ámbito de garantías. Más aún, al no estar considerados como autoridades fiscales, limitan el ámbito de competencia de la Prodecon para mejorar la seguridad jurídica o la defensa de los contribuyentes.

La iniciativa busca fortalecer las facultades la Prodecon, al precisar que la protección de los derechos del contribuyente no se limita a las acciones del SAT, sino que incluye a todas las autoridades fiscales federales, incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal.

Corresponde a la Prodecon identificar los problemas, de carácter sistémico, que ocasionen perjuicios a los contribuyentes y proponer a las autoridades fiscales modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes, así como emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales o aduaneras cuando así lo soliciten dichas autoridades.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.