Crear una regulación perfecta, que pondere el derecho superior al menor, y el derecho a la salud son los factores que retrasan la generación de una ley que norme el consumo lúdico de cannabinoides en México, coincidieron expertos reunidos en el Seminario 4/20.

En el encuentro, realizado en formato híbrido, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Salud Pública, Guillermo Kohn Espinosa, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló:

“Parece que el legislador tiene miedo de tomar decisiones por equivocarse, pero lo cierto es que en este tema lo vamos hacer, y será poco a poco que se tomen mejores decisiones. Además, hay una desinformación importante, sobre las afectaciones a la salud, ya sea que es la puerta a drogas más duras o no, lo cierto es que todavía falta desarrollar mucha información científica sobre los efectos, pero con la evidencia que contamos ahorita podemos destruir estos mitos y ojalá el legislador pueda avanzar a una nueva legislación”.

En esta actividad académica, realizada en el Aula Centenario del IIJ y coordinada en la UNAM por el jurista Imer Benjamín Flores Mendoza, se reflexionó sobre la evidencia científica disponible en torno a la regulación de la cannabis y sus derivados, mediante el desarrollo e implementación de indicadores, metodologías y estrategias que permitan dar cuenta del proceso regulatorio y sus impactos, además de formular propuestas alternas para orientar las determinaciones y facilitar el acceso a información verificada de los diferentes actores de la población interesados en el tema.

Al hacer uso de la palabra, la investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Geovanna Quiñonez Bastidas, explicó que uno de los grandes problemas para generar datos sobre los efectos del consumo en la salud de la población es que para efectuar investigación se requiere autorizaciones más allá de los institutos o universidades, pues la COFEPRIS debe otorgar anuencia que suele ir más allá del tiempo que tienen los científicos.

“Si nos preguntamos en México dónde estamos parados, bueno, tenemos más dudas que respuestas y como investigadores la mayoría tenemos muchas dudas en cómo hacer la investigación, sobre todo por los permisos. Vemos restricción y revisamos la Ley General de Salud en cuanto al control sanitario y por ejemplo para realizar ciencia básica debes someter el protocolo de investigación a COFEPRIS, cuando regularmente se presenta solo ante las instituciones y desde ahí hay restricciones, porque se hace tedioso y tenemos muchos investigadores que dejan de lado el tema por las restricciones”, acotó.

La experta en química del dolor enfatizó que un paso clave para avanzar en el tema es educar a la sociedad, pues si bien en el reglamento se habla de cómo hacer uso medicinal de esta sustancia, la mayoría de las personas consideran que al ser un producto natural es inocuo, un error común y es tarea enfatizar a la población que no cura todo y por eso se necesita revisar los reglamentos y regulaciones actuales.

Amaya Ordorika, de ReverdeSer Colectivo, manifestó: “Necesitamos identificar los daños que causa la prohibición, la violencia de Estado que se implementa a partir de las leyes prohibicionistas de la cannabis, para garantizar la no repetición de estas violaciones a derechos humanos; pensar en la reparación del daño generado por la prohibición y, finalmente, campañas de verdad y memoria. Desde el Estado mexicano se ha promovido la discriminación de los usuarios, de quienes nos relacionamos con la planta, mentiras sobre los efectos de la planta buscando generar una percepción no adecuada”.

El integrante del Plantón420, José Rivera, detalló parte de los abusos de poder que cometen autoridades de diferentes entidades de la República, especialmente en Oaxaca, contra quienes fuman cigarrillos de mariguana, calificándolos desde traficantes hasta drogadictos, privándolos de su libertad y agraviando sus derechos humanos.

Recordó que parte de la celebración 4/20, que se realiza de manera informal en el mundo, es que diversos gobiernos y legisladores no quieren normar sobre el tema, por lo que surgió la idea: “si no nos quieren escuchar, no nos quieren ver… ahora nos van a oler”.

Erick Ponce, director de Ia empresa ICAN Latam, detalló que una de las grandes ventajas de México es que, al menos en el tema medicinal, se ha acertado en reconocer a la cannabis como un medicamento en la Ley General de Salud, y pidió mayor apoyo a la industria local interesada en traer los medicamentos.