La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla emitió siete resoluciones sancionatorias que derivaron en destituciones e inhabilitaciones temporales para servidores públicos de diversas dependencias, por faltas administrativas no graves relacionadas con la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, así como por transgredir principios del servicio público.

Las sanciones fueron resultado de los procedimientos substanciados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, en cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre los casos más destacados, Ana María N., del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), fue destituida e inhabilitada por cinco meses y doce días por presentar una cédula profesional falsa en un proceso escalafonario, violando los principios de lealtad e integridad.

En la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Carlos N. fue sancionado con destitución e inhabilitación por seis meses por omitir su declaración de conclusión. En la Secretaría de Seguridad Pública, Cristian N. recibió una sanción de cuatro meses y veinticuatro días de inhabilitación por la misma falta. En la Secretaría de Bienestar, Erika N. fue destituida por no presentar su declaración de inicio, mientras que José Edmundo N. fue inhabilitado por cinco meses y doce días por omitir su declaración de conclusión.

En el Organismo Público Descentralizado "Convenciones y Parques", José Ismael N. y Julián Manuel N. fueron destituidos e inhabilitados por cinco meses y doce días, y cinco meses y diecinueve días, respectivamente, también por omitir la declaración de conclusión. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las sanciones se impusieron con estricto apego al debido proceso, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los involucrados.

La dependencia refrendó su compromiso con la legalidad, la integridad y la rendición de cuentas, en línea con la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de consolidar un gobierno honesto y de resultados. Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y la Secretaría defenderá las determinaciones con firmeza. Además, se invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción a través del portal prointegridad.puebla.gob.mx, destacando que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.