_ Se avanza en la aplicación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) para evitar la discriminación y eliminar los efectos que sufren niñas, niños y adolescentes en sus vínculos familiares cuando tienen una madre, un padre o un pariente privado de la libertad, señaló el director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Francisco Castellanos García.
En el marco de la primera reunión de trabajo de la mesa de coordinación interinstitucional y multidisciplinaria de la cátedra ‘Infancias con referentes de crianza en prisión, Infancia es destino’, que impulsa la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Poder Judicial en esta entidad, expuso que se diseñan protocolos para el ingreso de niñas y niños para las visitas a los centros penitenciarios y la atención en casos de violencia, y se trabaja en el ajuste de los ya existentes para el ingreso, egreso y estancia en reclusorios femeniles donde pueden vivir.
Puntualizó acciones para mejorar los espacios físicos de los centros de reclusión donde habitan, alimentación, cuidados de salud, servicios de educación inicial y fortalecimiento de vínculos que den seguridad y afecto. Un importante desafío es recuperar las paternidades con la población masculina privada de la libertad con apoyo de acciones estatales, para lo que se requiere invertir en políticas, programas y especialistas que atiendan a estos grupos poblacionales específicos.
La jefa de departamento de Políticas de Defensa y Promoción de Justicia de la SE, Emma Martínez Oloarte, habló del programa de fortalecimiento familiar para esta población, cuyo objetivo es reforzar el vínculo afectivo entre la persona privada de la libertad y su familia a través de la concertación de programas sociales, ayuda psicológica, orientación social, llamadas telefónicas, visitas y televisitas, que facilitan la comunicación y los lazos afectivos.
Apuntó que para el cumplimiento del objetivo y acciones la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social (DGIAPRS) del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la SE del Sipinna, elaboraron la Cédula para la identificación de necesidades para el establecimiento y fortalecimiento del vínculo familiar.
Este instrumento recaba datos e información sobre las personas privadas de la libertad, y quienes integran sus familias, en particular hijas e hijos, a fin de establecer acciones que les permitan vivir en un contexto familiar favorable, crecer y desarrollarse libres de toda discriminación y violencia, así como acceder a la educación, salud y recibir apoyo oportuno para sus necesidades elementales.
Martínez Oloarte informó que hasta el primer semestre de 2021 se han aplicado 9 mil 734 cédulas en 14 centros federales de readaptación social varoniles en el país, y que las necesidades de niñas, niños y adolescentes detectadas fueron: Becas económicas: 5 mil 455 Becas educativas: 5 mil 590 Niñas, niños y adolescentes que no estudian: 883 Becas alimentarias: 4 mil 173 Servicio médico: 3 mil 298 Apoyo psicológico: 2 mil 868 Otros: 112
Asimismo, informó que se solicitará al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el orden estatal –como autoridad articuladora del mecanismo– la actualización mensual del estatus de las acciones realizadas dentro de cada entidad federativa, que deberá incluir los informes sobre los resultados de las visitas domiciliarias y el diagnóstico, además del resultado de la cédula aplicada a las personas cuidadoras en los ámbitos de bienestar o salud.
De igual manera refirió que se informará a madres o padres sobre los avances realizados en la atención a sus hijas o hijos, y de ser necesario se solicitará alguna información requerida en los informes que permita continuar con la protección a su descendencia.
