* Instituciones capitalinas se coordinarán con autoridades federales para fomentar la cultura de la legalidad, la pronta y debida actuación dentro del marco legal, prevención del delito y la denuncia.

* El Magistrado Presidente señaló que estas elecciones marcarán un antes y un después en la manera de llevar a cabo la renovación de los cargos públicos.

* Participaron en el evento las Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno del TECDMX.

En representación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Magistrado Presidente Gustavo Anzaldo Hernández firmó el “Acuerdo por la promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y fomento a la denuncia ciudadana de infracciones administrativas, actos de corrupción y delitos electorales para el Proceso Electoral concurrente 2020-2021”.

Las instituciones convocadas se comprometieron, mediante este Acuerdo, a promover que las actividades de las personas actoras políticas, simpatizantes, militantes, candidatas, servidoras públicas de autoridades involucradas, partidos políticos y ciudadanía se realicen con apego al principio de legalidad, con un comportamiento ético que garantice el desarrollo del proceso electoral de forma pacífica en todo momento, en aras de que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos electorales, votar y ser votado, en un ambiente de civilidad.

Este instrumento fue signado, además, por Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE); Mario Velázquez Miranda, Consejero presidente del Instituto Electoral (IECM); Jesús Anlen Alemán, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA-CDMX), Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO-CDMX); Alma Elena Sarayth De León Cardona, Fiscal Especializada en Delitos Electorales (FEPADE-CDMX); Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (FECC-CDMX), y Edgar Eduardo Téllez Padrón, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción (CPC-CDMX).

Al hacer uso de la voz, el Magistrado Presidente del TECDMX, Gustavo Anzaldo Hernández destacó la importancia que representa para el Órgano Jurisdiccional la suma de esfuerzos institucionales y contar con aliados estratégicos que ayudan a realizar las actividades de mejor manera.

“Sin duda, el contexto actual nos revela que hay una alta exigencia social respecto de los Procesos Electorales y nos pide que tengamos mayor cuidado en temas que poco a poco han ido cobrando relevancia dentro de los comicios, como la integración paritaria de candidaturas y órganos de gobierno; la violencia política de género y, en suma, que estos ejercicios se realicen en un ámbito de legalidad y de forma civilizada”, afirmó el Magistrado Presidente del TECDMX.

Asimismo, consideró que “los comicios que están en curso se han calificado como los más grandes de la historia […], en lo personal, creo que lo más trascendente de estas elecciones es que, sin duda, van a marcar un antes y un después en la manera en que se lleva a cabo la renovación de los cargos públicos”.

Asimismo, el Acuerdo establece que las instituciones firmantes colaborarán con estrategias para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracciones administrativas o delitos electorales y pongan en riesgo el correcto desarrollo del proceso electoral, asumiendo el papel que corresponda en su organización, desarrollo y vigilancia, así como promoción de la cultura de la legalidad y ser garantes de la transparencia y la rendición de cuentas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

En este sentido, el Magistrado Presidente afirmó que, para tener elecciones apegadas a derecho, los procesos electorales se deben cuidar entre todas y todos, y este instrumento permite difundir entre la ciudadanía los medios existentes para inconformarse ante posibles infracciones a la ley.

Finalmente, el presente acuerdo busca fomentar la cultura de la denuncia y la legalidad, la pronta y debida actuación dentro del marco legal, así como la promoción de la prevención del delito.