El presidente Gustavo Petro es blanco de críticas por dialogar con la guerrilla del ELN y grupos disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y por la falta de acción de la fuerza pública ante el deterioro de la seguridad.

Para Isaac Morales, experto de la Fundación Paz y Reconciliación, la cooperación con civiles es una "respuesta desesperada" de la policía. Es un "riesgo grande" que podría "abrir una caja de Pandora" en la capital de un país que a finales de los 1990 conoció la peor cara del paramilitarismo.

Algunos concejales del partido derechista Centro Democrático promueven la flexibilización de la portación de armas en Bogotá, argumentando que los ciudadanos tienen "derecho a defenderse".

Y el comandante de la policía local, José Gualdrón, anunció que centenares de taxistas, motociclistas y empresas privadas de seguridad formarán parte de una "red de apoyo" a la fuerza pública llamada "frentes de seguridad".

La sensación de desprotección se extiende por el país y según la encuestadora Invamer es una de las principales preocupaciones de los colombianos.

Inquieto ante el poder de grupos armados en los campos, el principal líder ganadero, José Félix Lafaurie, propuso el 4 de marzo crear "frentes de seguridad", grupos de vecinos organizados para colaborar con la fuerza pública.