El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, defendió la iniciativa de la Ley de Rentas Justas ante banqueros que expresaron su desacuerdo con la propuesta. El funcionario enfatizó que la legislación busca estabilizar el mercado de arrendamiento y cuestionó: "¿Se está del lado del derecho humano a la vivienda o del lado de la gentrificación?".

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó la iniciativa y afirmó que corresponde al Congreso capitalino debatir y revisar detalladamente las propuestas para avanzar hacia una ciudad donde alquilar una vivienda no represente un costo excesivo ni una causa de expulsión social. Brugada subrayó que el derecho a la vivienda debe ser una prioridad y que las personas que rentan deben contar con condiciones justas, sin enfrentar aumentos que las obliguen a abandonar los lugares donde históricamente han vivido.

La Ley de Rentas Justas, presentada por Brugada el 14 de octubre de 2026, propone que los aumentos anuales en el pago de la renta no superen la inflación. No busca congelar las rentas ni fijar un precio único, sino establecer reglas claras para el registro de contratos, límites a los cobros exigidos para acceder a una vivienda, sanciones específicas y servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.

La Asociación de Bancos de México entregó a diputados del PAN un documento con críticas y propuestas sobre la Ley de Rentas Justas, advirtiendo riesgos para la propiedad privada y la inversión. Entre sus observaciones, sugieren mantener el límite inflacionario durante la relación contractual, pero permitir que propietarios e inquilinos acuerden libremente un nuevo precio al finalizar un contrato y celebrar otro con una persona distinta. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México ha declarado que no cederá en el punto central de la ley, que establece que la renta no pueda aumentar por encima de la inflación, incluso cuando cambie el inquilino; su vocero, Ángel Tamariz, afirmó: "Ese artículo no se mueve, porque entonces se pierde el espíritu de la ley".

La relevancia de esta iniciativa radica en su objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para los habitantes de la Ciudad de México, enfrentando los procesos de gentrificación que han desplazado a familias de sus colonias de origen debido al encarecimiento de los alquileres. La ley busca equilibrar los intereses de inquilinos y propietarios, estableciendo un marco regulatorio que promueva la estabilidad en el mercado de arrendamiento y proteja a las personas de aumentos desproporcionados en las rentas.