La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de una carpeta de investigación federal, en un acto que la mandataria calificó como violatorio de la Constitución y de la soberanía de su estado. La citación, fechada para el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana, fue recibida de manera directa por la gobernadora, quien la calificó como una persecución política ordenada desde Palacio Nacional.

La gobernadora Campos señaló que la Constitución y las leyes establecen con claridad que los gobernadores cuentan con protección sobre su cargo y no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal. "La actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua", afirmó. La mandataria también denunció un doble rasero por parte del partido Morena, al contrastar la citación en su contra con la protección que, según ella, se ha brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.

"Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas", comentó la mandataria. La gobernadora aseguró que su gobierno ha actuado contra el crimen organizado y la inseguridad, y que está trabajando para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz. Tras recibir el requerimiento, la mandataria indicó que analizará con su equipo las acciones a tomar ante lo que considera una arbitrariedad, y que estudiarán la debida fundamentación y argumentación del citatorio.

Durante la recepción del emplazamiento, la gobernadora estuvo acompañada por el consejero Jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado Roberto Gil Zuarth; el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje; y Max Cortázar. La defensa legal de la gobernadora se prepara para impugnar el citatorio, argumentando que viola las garantías constitucionales de los gobernadores en funciones. El caso ha generado un fuerte debate político en el estado, con críticas tanto de la oposición como de sectores que apoyan a la mandataria, quienes consideran que la acción de la FGR es un ataque a la autonomía estatal y un precedente peligroso para el federalismo mexicano.