Los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y de Salud, Víctor M. Toledo Manzur y Jorge Alcocer Varela, encabezaron un diálogo con pobladores afectados por el derrame en el río Sonora, ocurrido el pasado 6 de agosto de 2014, en donde escucharon las inquietudes con respecto a la falta de atención que autoridades de los tres órdenes de gobierno han dado a esta problemática.

Tras reconocer que esta reunión es un reclamo de justicia ambiental y sanitaria que afecta a más de 25 mil personas de ocho municipios, en 25 kilómetros, el titular de la Semarnat dijo que para resolver esta situación es fundamental el compromiso del gobierno estatal y de los municipios involucrados, así como la participación de la gente, a través de comités organizados que den seguimiento a las acciones.

Entre las demandas que se escucharon en el Teatro Choby, en la plaza principal del municipio de Ures, en donde se reunieron más de un centenar de personas, destacó la construcción de un hospital con especialistas en toxicología por parte de Grupo México; la realización de exámenes de sangre a los habitantes; estudios y monitoreo para conocer la calidad del agua, conocer el proceso judicial que se lleva a cabo a la empresa minera y el resarcimiento del daño como un derecho humano a tener un ambiente sano.

Toledo Manzur y Alcocer Varela reiteraron el compromiso del Gobierno de México de coordinar los trabajos necesarios para despejar la incertidumbre que viven las personas afectadas con respecto a la calidad del agua, a la salud de la población y al manejo del fideicomiso, principalmente.

El titular de la Semarnat informó que desde agosto, la dependencia a su cargo ha realizado reuniones públicas en los ocho municipios del río Sonora, en las que percibieron molestia de la gente por la falta de información confiable y desinterés de las autoridades.

Explicó que este es uno de los 45 problemas que la dependencia a su cargo atiende y lo que se busca es “transformar una problemática en regiones de esperanza”.

Y la única manera de lograrlo es mediante la concertación de los tres niveles de gobierno.

“Había poca comunicación del gobierno estatal y del gobierno federal, pero en la reunión que tuvimos hoy llegamos a un primer acuerdo para trabajar juntos. Solamente nos falta hablar con la empresa que generó este desastre, que es Grupo México”.

Insistió en que se debe revisar lo que sucedió en cada municipio, en cada tramo del río y contar con la participación de las instituciones científicas, ya que siempre es bueno escuchar una segunda y tercera opinión, y aplicar lo que se llama “principio precautorio” cuando hay duda ante la afectación de algún fenómeno para no arriesgar la salud y la vida de las personas.

Por su parte, el secretario Alcocer aseguró que el compromiso del Gobierno de México es garantizar el acceso a la salud en el río Sonora y en todas las comunidades del estado.

“Yo personalmente sé lo que es la afección a la salud, las necesidades como agua limpia, médicos, medicamentos atención y, desde luego restablecer la ética y el humanismo que se han perdido desde hace 36 años”, subrayó.

En el diálogo ciudadano participaron también la procuradora federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera; el comisionado nacional en Protección Social de la secretaría de Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar; José Antonio Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, Benjamín Berlanga Gallardo, y la síndica municipal de Ures, Blanca Aurelia Valenzuela.

Novelo Baeza informó que se han puesto en marcha acciones para eliminar los metales pesados que estaban presentes en el agua para consumo humano, y cada cuatro meses se toman muestras de pozos para verificar la calidad del líquido.

Afirmó que la semana pasada Cofepris realizó una visita de supervisión a los espacios laborales de la Mina Buenavista del Cobre. Los resultados preliminares muestran que cumplen con la norma, pero “no nos consta que lo hayan hecho en el pasado”. Asimismo, indicó que en coordinación con la autoridad municipal desarrollan medidas de saneamiento ambiental en mercados, rastros, basura, agua y drenaje.

Al abordar el tema sobre el proceso jurídico que se sigue a la minera Buenavista del Cobre, la Procuradora Mendoza Vera comentó que el derecho de resarcimiento que tienen las personas afectadas, se encuentra en la Constitución como un derecho a un ambiente sano, por lo cual la empresa debe asumir su responsabilidad, tomando en consideración que los incumplimientos pueden ser continuados por tratarse de un derecho humano que no está sujeto a prescripción y que es irrenunciable.

Previo a este encuentro, los secretarios federales sostuvieron una reunión con autoridades del gobierno del estado, con los presidentes y presidentas de los municipios afectados, así como con diputados que integran la Comisión Especial del Río Sonora.