La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, incluida en el Paquete Económico 2027. La propuesta tiene como objetivo principal reducir el uso de efectivo en México mediante la implementación obligatoria de pagos con códigos QR, el reconocimiento de la CURP digital como identificación oficial en instituciones bancarias y la digitalización completa de los trámites públicos.

La iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de determinar los sectores y actividades donde los pagos digitales sean la única vía permitida. Al entrar en vigor la ley, Hacienda dispondrá de 15 días hábiles para publicar la primera lista de sujetos obligados. Posteriormente, las autoridades reguladoras de cada sector tendrán 15 días hábiles adicionales para emitir las reglas de operación correspondientes.

Otro de los ejes centrales es el reconocimiento de la Clave Única de Registro de Población en formato digital como identificación oficial para la apertura de cuentas bancarias y la contratación de servicios financieros de manera remota. Esta medida busca facilitar la inclusión financiera y simplificar los trámites bancarios. Asimismo, los tres niveles de gobierno estarán obligados a habilitar opciones de cobro digital para sus trámites y servicios, con el fin de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

Organizaciones como la Asociación Fintech México y la empresa VISA han expresado su apoyo a la propuesta, destacando su potencial para reducir la circulación de dinero en efectivo, que actualmente representa el 80% de las transacciones en el país. Entre 2021 y 2024, el uso de efectivo para compras de 500 pesos o menos disminuyó del 90.1% al 85.2%, mientras que las transferencias electrónicas y el uso de aplicaciones móviles aumentaron del 1.6% al 4.4%.

La propuesta es relevante porque busca modernizar el sistema financiero mexicano, fomentar la inclusión financiera y reducir la economía informal. Al disminuir el uso de efectivo, se espera mejorar la seguridad en las transacciones, aumentar la transparencia fiscal y facilitar el acceso a servicios financieros para sectores de la población que actualmente están excluidos. Además, la digitalización de trámites públicos pretende agilizar procesos administrativos y reducir la corrupción.