El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella, presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca abordar el déficit fiscal proyectado para 2027, estimado en 2,2% del PIB, equivalente a aproximadamente 40 billones de pesos colombianos. La presentación estuvo a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes enfatizaron la urgencia de implementar medidas para evitar una crisis fiscal y estabilizar las finanzas públicas.

El proyecto consta de 105 artículos y se centra en cinco pilares fundamentales. El primero es el rescate fiscal, con una reducción significativa del gasto público que incluye recortes en contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos; se estima que cerca del 70% del ajuste recaerá sobre el propio Estado. El segundo pilar contempla la protección a los más vulnerables mediante la devolución total del IVA a 19 millones de colombianos de bajos ingresos, con un beneficio promedio mensual de 213.000 pesos.

En materia de incentivos a la inversión privada, se propone la creación del Régimen Único de Grandes Empresas (RUGE), que ofrecería estabilidad tributaria y una tarifa de renta del 20% durante 16 años para atraer inversiones significativas. Asimismo, se plantean inversiones adicionales para fortalecer el sector salud y se busca intensificar el control fiscal y combatir la evasión y el contrabando como parte del quinto pilar de lucha contra la corrupción y el derroche.

Las medidas tributarias destacadas incluyen el incremento del IVA del 5% al 19% para ciertos bienes y servicios a partir de 2028, como café, azúcar, vinos y queso fresco, así como la eliminación de la exención del IVA para importaciones internacionales de bajo valor, lo que afectaría compras en plataformas como Temu y Shein. También se propone disminuir gradualmente el impuesto de renta empresarial del 35% al 31%.

La propuesta ha generado diversas reacciones políticas. El partido Centro Democrático, aliado del Gobierno, expresó reservas respecto a los nuevos impuestos y enfatizó la necesidad de priorizar la austeridad y la reducción del tamaño del Estado. El Gobierno estima que, de no implementarse estas medidas, el país podría enfrentar la pérdida de hasta 360.000 empleos y entrar en recesión, por lo que la ley busca equilibrar las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto estatal, reformas tributarias y medidas de protección social.