El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica –organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación–, enfatizó que México se encuentra en un proceso de cambio donde ya se llegó al reconocimiento de derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante el conversatorio virtual ‘Desafíos para la protección de niñas, niños y adolescentes’, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sipinna del estado de Durango y el Instituto Politécnico Nacional, sostuvo que para garantizar los derechos de esta población se requiere de una nueva óptica institucional y social.

Hay que abandonar –continuó- una visión adultocéntrica en la organización social de familias y comunidades donde la niñez y adolescencia son objetos de protección y no sujetos de derechos. No se les escucha y se toman decisiones sólo desde la visión adulta de madres, padres y personas cuidadoras.

Añadió que algunos ejemplos adultocéntricos en el ámbito legislativo son las propuestas en varios estados conocidas como ´pin parental’, que restringen el acceso a educación integral en sexualidad de niñas, niños y adolescentes debido a que algunos padres consideran que les afectará por ser temas sociales tabú, cuando en realidad es una visión patrimonialista que asume a sus hijas e hijos como propiedad familiar y no personas.

“Si son sus derechos los que están vulnerados por el entorno, lo que necesitamos hacer es modificar éste, uno donde todas las personas tengamos la posibilidad plena del ejercicio de derechos ya reconocidos, pero con una organización distinta de la mirada social, de políticas públicas y de distribución presupuestal”, agregó.

Participaron el secretario ejecutivo del Sipinna Durango, Armando del Castillo Herrera; la titular de la Dirección Municipal de Educación, Norma Isela Rodríguez Contreras; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, Marco Antonio Güereca Díaz; el magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del estado de Yucatán, Santiago Altamirano Escalante, y el magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del estado de Durango, Alejandro Ramón Fuentes.

La sesión, moderada por la directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Durango, María del Carmen Aguilar Ávalos, se puede consultar en el siguiente enlace https://bit.ly/3lWnTYq