El Gobierno de México expresó su desacuerdo con la resolución del Panel conformado bajo el Anexo 31-A del T-MEC, que concluyó la existencia de una denegación de derechos en las instalaciones de Atento Servicios en Pachuca I e Interplaza. De acuerdo con el fallo, las acciones de reparación implementadas por la empresa fueron insuficientes; sin embargo, México sostuvo que tanto la compañía como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actuaron conforme a la legislación nacional y a los compromisos internacionales asumidos.

La administración federal señaló que el análisis del Panel omitió valorar todos los argumentos presentados por México, incluyendo una objeción jurisdiccional. Además, criticó que se introdujeran elementos no planteados por las partes y que no se abordaran aspectos fundamentales como la interpretación del Tratado conforme a la Convención de Viena, la carga de la prueba, ni la revisión interna realizada por la STPS.

No obstante, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso con la protección de los derechos laborales, destacando que entre abril de 2024 y enero de 2025 se llevaron a cabo seis mesas de diálogo entre Atento Servicios y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). Aunque estas reuniones fueron interrumpidas por la instauración del Panel, se reanudaron el pasado 13 de agosto, con el compromiso de mantener el diálogo tripartito como vía para alcanzar soluciones sostenibles.

México reafirmó que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se ha consolidado como un instrumento innovador para promover la libertad sindical y los procesos democráticos en centros de trabajo. Sin embargo, advirtió que para preservar su legitimidad, su aplicación debe realizarse con equilibrio, apego a la buena fe y respeto a la soberanía nacional, fortaleciendo las instituciones sin vulnerar las decisiones internas en materia de derechos laborales.