_ Derivado de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas se modificó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a fin de prohibir el castigo corporal y los tratos humillantes como medios correctivos o disciplinarios, ahora se hace necesaria la armonización legislativa en los estados de dicha ley para erradicar este fenómeno.
Al participar en la inauguración del foro ‘Armonizar para proteger: prohibición del castigo corporal y humillante en las entidades federativas’, convocado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román, expresó que para el cumplimiento de las leyes es necesario desnormalizar las conductas sociales de castigo y humillación arraigadas en la sociedad.
Enfatizó que las ciencias y disciplinas involucradas con el desarrollo de la niñez dejan fuera de duda que los castigos corporales y las prácticas humillantes no forman, no educan, no corrigen, hacen daño y perjudican la salud psicoemocional y física de niñas, niños y adolescentes.
Tort San Román hizo hincapié en que, por tal razón, el trabajo legislativo de las cámaras, junto con el de las organizaciones civilese instancias internacionales, es fundamental para lograr un cambio cultural y erradicar estas conductas nocivas que afectan el presente y comprometen el futuro de la niñez y adolescencia.
Reiteró que es compromiso de todas y todos frenar este fenómeno, y por ello refrendó el de la SE del Sipinna para enfrentar estasprácticas tan dañinas, profundamente arraigadas y normalizadas en la sociedad.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera Anzaldo, mencionó que el 28 de abril de 2022 se instaló la Red de Comisiones Legislativas en Materia de Niñez y Adolescencia,integrada por las presidencias de las comisiones de niñez del Congreso de la Unión y los congresos locales con la finalidad desumar esfuerzos y avanzar en la armonización del marco legislativo que atañe a esta población.
Apuntó que la prohibición del castigo corporal y los tratos humillantes como medios correctivos o disciplinarios, constituyen un tema prioritario de atender por la red para alcanzar la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en el país, pero que es necesario vincular a todas las autoridades involucradas, a fin de lograr la incorporación de esta restricción en todos los códigos civiles.
En la inauguración del foro participaron también la jefa de Protección a la Infancia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rocío Aznar Dabán, y el asesor de la organización Save the Children México, Alfonso Poiré Castañeda.
El evento se desarrolló mediante cuatro paneles temáticos. El primero trató el tema relativo a ‘¿Qué es el castigo corporal y humillante?’, que abrió con las palabras de la diputada integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y contó con los mensajes del oficial de Protección a la Infancia de Unicef, José Antonio Ruiz, y del coordinador del área metropolitana de la Ciudad de México de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García.
El segundo panel ‘La importancia de prohibir el castigo corporal y trato humillante’ contó con la intervención de la abogada de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C., Yuli Andrea Pliego Pérez, y la directora general de la Fundación Proyecto DEI, Ana Serrano.
El tercer panel ‘La reforma federal’ tuvo la participación del director de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Peña Cruz, y la oficial de Incidencia Política en Save the Children, Patricia López Cárdenas.
El cuarto panel ‘Análisis legislativo: experiencias desde lo local’ contó con la presencia de las diputadas estatales Polimnia Romana Sierra Bárcena, de Ciudad de México; Rosa María Triana Martínez, de Durango; Silvia Arely Aguilar Orozco, de Tamaulipas, y Luis Enrique Miramontes Vázquez, de Nayarit.
