El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, Francisco Garduño Yáñez, participó en una visita a la provincia de Darién, frontera de Panamá con Colombia, punto de entrada de los flujos migratorios a la región, donde también comienzan los riesgos para quienes buscan transitar hacia el centro y norte del continente americano.

La zona de Darién está conformada por alrededor de 575 mil hectáreas de selva entre Panamá y Colombia, donde la migración irregular debe sortear la extorsión de ‘coyotes’ o ‘guías’, la violencia, abusos sexuales, la trata de personas o los peligros de la naturaleza para acercarse a la frontera de México y después a la de Estados Unidos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó en octubre de 2021 que durante ese año “cerca de 19 mil niños migrantes han atravesado el Tapón del Darién”, cifra que es casi tres veces mayor al registrado durante los cinco años previos.

La visita de alto nivel a la zona de Darién, de manera específica a la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente, formó parte de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), en la cual el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, intercambió experiencias con los demás países que la integran, en aras de fortalecer políticas migratorias y sistemas de asistencia y protección efectivos a favor de las personas en condición de movilidad.

México ocupó en el año 2021 la Presidencia Pro-Témpore de la CRM, que hoy está a cargo de El Salvador, nación a quien corresponde retomar y enriquecer los principios y enfoques que permitan el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes que ingresan, transitan y salen por los países de sur, centro y norte de América.

La participación de las autoridades y expertos en materia migratoria de los 11 países miembros de la CRM (Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), permitirá avanzar en distintas acciones.

Por ejemplo, reforzar las operaciones conjuntas contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; impulsar y mantener el diálogo con países de origen, tránsito y destino para el abordaje de flujos extrarregionales e intrarregionales; y coordinar una hoja de ruta con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales sobre la asistencia humanitaria a la población migrante, entre otras tareas.