_ Las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los centros penitenciarios para la visita, los que viven en éstos con sus madres o que habitan en su hogar y no visitan a la persona adulta privada de la libertad cercana a ellas y ellos, respecto de los que se ha debilitado su comunicación, y aquellos que están institucionalizados o tienen situaciones especiales por ser población migrante, con discapacidad o diversidad étnica, requieren que sus derechos humanos sean garantizados, razón por la que la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente (Sipinna) trabaja en el seno de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción social y Servicios Pospenales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la SE del Sipinna expuso que la participación de la secretaría ejecutiva ha consistido en el apoyo al programa Fortalecimiento del vínculo familiar, impulsado por la Dirección General de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (DGIAPRS) de la SSPC, y a partir del trabajo conjunto se logró el diseño y aplicación de la Cédula de Identificación de Necesidades que tienen hijas e hijos de personas privadas de la libertad, que fue aplicada como pilotaje en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16 ‘CPS Femenil Morelos’, en julio de 2020, y que durante 2021 se aplicó en los Centros Federales de Reinserción Social varoniles del país.
El mecanismo de seguimiento contempla visitas domiciliarias y acciones de coordinación interinstitucional con las Procuradurías de Protección estatales, y las Secretarías Ejecutivas de los Sipinna en cada entidad las han impulsado para dar atención a necesidades detectadas en salud, educación y bienestar, y a las de las personas cuidadoras.
A marzo de 2022 se tiene informe de los avances de las acciones de atención en los estados de México, Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y Chiapas, donde se han turnado oficios a las procuradurías de protección municipales para la realización de las visitas domiciliarias correspondientes, y como resultado se han realizado las canalizaciones necesarias a diversos servicios. El avance del mecanismo en el resto de los estados continúa.
Desde la Secretaría Ejecutiva Sipinna, en diciembre de 2021 se llevó a cabo el ‘Diálogo: Políticas para la atención de niñas y niños con referente adulto privado de la libertad’, cuyo objetivo fue visibilizar y sensibilizar a las autoridades involucradas en el tema de las niñas, los niños y adolescentes.
El servidor público explicó que se prepara un curso de capacitación para autoridades penitenciarias federales y locales, a fin de sensibilizarrespecto de la atención de niñas y niños con referentes adultos privados de la libertad.
El curso se diseña en coordinación con el Instituto Interamericano del Niño, la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Madres y Padres Encarcelados (NNAPES) en Latinoamérica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, organizaciones sociales, y personas expertas en el tema.
De igual forma, se vinculan esfuerzos con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, y desde la comisión intersecretarial se solicitó el apoyo a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para poder llevar a cabo esta iniciativa.
El curso incluye la revisión y puesta en marcha de protocolos para el ingreso, egreso, estancia y atención de NNAPES y la recopilación deinformación de los protocolos federales y locales detectados, y se trabaja sobre un protocolo homologado con la participación de autoridades y personas expertas.
Abundó en que la justicia de adolescentes es una especializada y en desarrollo a partir de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, de otros tratados internacionales y de las observaciones del Comité de Derechos del Niño 10, 20 y 24, a fin de instruir sobre la correcta aplicación de esta justicia con base en el paradigma de la protección integral y de su interés superior.
En razón de lo anterior, en 2021 se realizó un seminario de buenas prácticas de reinserción social, que tomó las mejores experiencias detectadas por autoridades locales y comprendió programas realizados por organizaciones de la sociedad civil, y dos cursos sobre la perspectiva de derechos de la infancia, dirigidos a las Autoridades Administrativas Especializadas en Medidas para Adolescentes de las entidades de la República.
Durante el presente año se fortalecerán la especialización de estasautoridades administrativas en temas de reinserción laboral, los desafíos de la empleabilidad en personas adolescentes y jóvenes, y la articulación con los programas federales y de la sociedad civil.
