Como parte de la reforma en materia de transparencia y acceso a la información, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá la responsabilidad de salvaguardar los datos personales tanto en el ámbito público como en el sector privado. Este cambio deriva de la eliminación del INAI, cuyas funciones se reestructuran en un esquema más ágil y cercano a la ciudadanía.

La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, señaló que la reforma contempla supervisar el cumplimiento de las obligaciones de resguardo de la información sensible por parte de bancos, empresas tecnológicas y cualquier entidad que maneje datos. La meta es asegurar que se apliquen protocolos rigurosos y se ofrezcan garantías reales ante posibles filtraciones o usos indebidos.

Asimismo, la ley propone una mayor coordinación con jueces especializados en la materia, evitando que los procedimientos legales se limiten a aspectos formales y se mantengan enfocados en resolver de fondo la entrega o protección de la información. Esta modificación busca agilizar y dar certeza a los ciudadanos sobre los cauces legales cuando se requiera la protección de sus datos.

Desde la visión del Gobierno Federal, la protección de la información personal no solo es una obligación internacional, sino un derecho clave en la era digital. Por ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno garantizará la verificación constante de cada sujeto obligado, con el compromiso de prevenir prácticas abusivas y reforzar la confianza de la población en los servicios públicos y privados.