La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información al Congreso, iniciativa que busca reemplazar al extinto INAI y optimizar los mecanismos de rendición de cuentas. Con ello, se pretende ampliar el alcance del derecho de la ciudadanía a conocer el manejo de recursos públicos y, al mismo tiempo, resguardar datos personales con una mayor efectividad.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el nuevo modelo separa claramente las funciones de acceso a la información y protección de datos personales. En lugar de siete comisionados, se contará con un órgano desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo” y una autoridad única que garantice la protección de datos, todo ello con el 35 por ciento del presupuesto que consumía anteriormente el INAI.

Según Buenrostro, este cambio unifica criterios y reduce la burocracia, al tiempo que regula la Plataforma Nacional de Transparencia como un sistema obligatorio y seguro. Asimismo, se incluyó un esquema de validación criptográfica para blindar la base de datos y conservar el historial de solicitudes e información pública.

El proyecto de ley también contempla la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, con subsistemas en cada estado, presididos por las autoridades locales. De esta manera, se fortalecen los principios de máxima publicidad, el derecho a la privacidad y la coordinación eficiente entre distintas entidades gubernamentales para consolidar un acceso real y oportuno a la información pública.