_ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Senado de la República de un proyecto de reforma para implementar de forma gradual la jornada laboral de 40 horas. La iniciativa, consensuada con sectores empresariales, sindicales, académicos, gubernamentales y civiles, comenzaría a aplicarse en 2026 y se concretaría en 2030, beneficiando a 13.4 millones de personas trabajadoras. Sheinbaum destacó que la decisión se tomó de manera gradual para no implicar mayores costos al sector empresarial e incluso buscar mayor productividad, citando ejemplos internacionales como países nórdicos que han reducido sus jornadas.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que la reforma constituye el compromiso número 60 de los 100 de la Presidenta y se convertirá en un derecho constitucional. La propuesta establece que, tras su entrada en vigor el 1 de mayo de 2026, la reducción comenzará en enero de 2027: serán 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Bolaños López puntualizó que esta reducción no implica disminución en sueldos o prestaciones y que, por primera vez, se prohíben las horas extras para menores de edad.
Como parte fundamental del marco regulatorio, se establece que durante la jornada ordinaria los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantizarán jornadas dignas. Para la jornada extraordinaria se permite trabajar entre 9 y 12 horas semanales de manera voluntaria, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días a la semana. Además, se introduce un tope máximo legal de cuatro horas triples y se establece que el trabajo total no podrá superar las doce horas diarias bajo ninguna circunstancia.
Para vigilar el cumplimiento efectivo tanto de las horas ordinarias como extraordinarias, la reforma adiciona como obligación patronal un registro electrónico oficial emitido por la Secretaría del Trabajo. Este miércoles el proyecto será enviado al Senado para su discusión con miras al próximo año. El proceso contó con más de cuarenta mesas de trabajo entre junio y noviembre pasados con asistencia aproximada a dos mil personas representantes diversos.
