La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el 14 de octubre de 2026 al Congreso local la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. Esta propuesta busca regular el mercado de alquileres en la capital y establece que los incrementos anuales en las rentas no superen la tasa de inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año anterior.

La iniciativa contempla la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, encargada de verificar que los aumentos en las rentas se ajusten a los límites establecidos y de brindar asesoría tanto a inquilinos como a arrendadores. Además, se propone la implementación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento Habitacional, operado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), donde se inscribirán detalles como nombres de las partes, ubicación y superficie del inmueble, precio de la renta, monto del depósito, tipo de garantía y plazo del contrato.

En caso de que un propietario ofrezca renovar un contrato con un incremento superior al permitido, el inquilino podrá optar por pagar la última renta pactada más el porcentaje de inflación correspondiente, entendiendo que el contrato se prorroga por un año adicional. Asimismo, los inquilinos podrán exigir la devolución de cantidades pagadas en exceso y los propietarios que incumplan las disposiciones enfrentarán multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o de uno a tres meses de la renta pactada.

La propuesta surge en respuesta a la creciente gentrificación en diversas colonias de la ciudad, que ha desplazado a habitantes debido al aumento en los costos de alquiler. Brugada destacó que esta ley es un paso significativo hacia una mejor calidad de vida para los habitantes de la metrópoli. Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria también anunció otras tres iniciativas: una reforma constitucional para reconocer el derecho al bienestar emocional, la creación de un sistema de educación inicial y la transformación del modelo de justicia cívica.

La relevancia de esta iniciativa radica en su potencial para equilibrar las relaciones entre inquilinos y propietarios, garantizando condiciones de renta justas y asequibles, y abordando problemáticas sociales como la gentrificación y el acceso a la vivienda en la Ciudad de México.