En 9 meses de operación, son más de 2 mil 200 los contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.

Del 1 de octubre de 2021 al 8 de julio de 2022 se han registrado más de 3 mil 500 personas servidoras públicas operadoras de la plataforma.

En cumplimiento de sus atribuciones de control y fiscalización en las compras de la Administración Pública Federal (APF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) vigila 2 mil 291 contratos que se han registrado en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) en nueve meses, los cuales suman un monto de 220 mil 029.3 millones de pesos (mdp), 423.9 millones de dólares (mdd) y 8.1 millones de euros.

De octubre de 2021, cuando entró en operación la BESA, al 8 de julio de 2022, se han dado de alta en el sistema 3 mil 540 personas servidoras públicas, de las cuales mil 109 son coordinadoras representantes de las unidades de administración y finanzas, mil 064 de las áreas fiscalizadoras y mil 367 son operadores de las 539 unidades compradoras.

Asimismo, se han atendido un total de mil 277 consultas telefónicas para resolver dudas en torno a la operación de la BESA.

Con fundamento en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, es obligatorio el registro de contratos con vigencia a partir del 18 de octubre de 2021, cuyo monto ascienda a 15 millones de pesos o más, sin IVA, o su equivalente en moneda extranjera. La finalidad es vigilar en tiempo real los contratos y hacer más eficientes estas operaciones.

Los usuarios de la bitácora son las dependencias y entidades de la APF, los entes públicos estatales y municipales que hagan uso de recursos federales, los titulares de las unidades de fiscalización, los Órganos Internos de Control y los órganos estatales y municipales de control.

Con estas acciones, en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, la SFP se encarga de verificar que los contratos de adquisiciones y servicios se realicen conforme a las disposiciones aplicables y con apego a la política de austeridad establecida por el Gobierno de México.