Representantes de las principales líneas de cruceros que llegan a Cozumel, junto con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, supervisaron este miércoles los avances de proyectos financiados con recursos del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista. La visita del Comité Técnico del Fideicomiso a la isla tiene como objetivo dar seguimiento a obras y acciones ejecutadas con fondos provenientes de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Asociación de Cruceros del Caribe y la Florida, suscrito en 2024.

La gobernadora Lezama encabezó la recepción en el aeropuerto internacional de Cozumel, donde estuvo acompañada por el secretario de Turismo, Bernardo Cueto; el titular de la APIQROO, Vagner Elbiorn Vega; y el presidente municipal, José Luis Chacón. La mandataria destacó que esta es la primera ocasión en que el Comité se reúne en la isla para revisar directamente los avances de las inversiones destinadas al beneficio de la comunidad cozumeleña.

Entre los integrantes del Comité Técnico que arribaron a Cozumel se encuentran figuras clave de la industria crucerista. Destaca la presencia de Michele Paige, directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe; Adam Ceserano, presidente de la misma asociación; y Vicky Rey, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales en Latinoamérica de Carnival Corporation. También acudieron Mathew Weintraub, de Norwegian Cruise Line; Rosana Morillo, vicepresidente de asuntos gubernamentales de MSC Cruceros; Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean Group México; Víctor Monroy, director general de México y Centroamérica de MSC México; y Luli Herrera Moro Juan, vicepresidente asociado de relaciones con gobiernos México de Royal Caribbean Group.

Durante la supervisión, se revisaron específicamente cuatro proyectos prioritarios. Dos de ellos están enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana, mientras que los otros dos están dirigidos al mejoramiento de la imagen urbana de Cozumel. Los recursos para estas obras derivan del acuerdo mediante el cual las compañías navieras retienen el cobro del derecho a cruceristas, fondos que posteriormente se destinan a financiar programas en beneficio directo de los habitantes del destino turístico. Este mecanismo representa un modelo de colaboración público-privada donde la industria reinvierte parte de sus ingresos en el desarrollo y bienestar de la comunidad que recibe a sus pasajeros.