-Legislador del PAN asegura que un “número considerable” de policías, militares y civiles han muerto o resultado heridos.

-Las autoridades se han visto rebasadas por el creciente poder delincuencial, asegura.

Ante la situación de inseguridad por la que atraviesa el estado de Jalisco, el senador José María Martínez Martínez consideró que los gobiernos federal y local tienen que coordinar acciones para reestablecer la paz y la seguridad de esa entidad.

Solicitó que se lleven a cabo las medidas necesarias para investigar y castigar a los responsables de los lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos meses en varios municipios del estado, donde un número considerable de policías, militares y civiles han muerto o resultaron heridos.

En un punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el legislador de Acción Nacional propuso que los titulares de la Secretaría de Gobernación, a través de la Gendarmería Nacional, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, coordinen acciones con el gobierno local, que permitan restablecer y garantizar la seguridad de los jaliscienses.

Refirió que en los últimos 18 meses más de 60 funcionarios públicos han sido asesinados en Jalisco, uno de los últimos, el regidor priista de Tlaquepaque, Feliciano García Fierros, quien perdió la vida el 28 de marzo de este año.

Martínez Martínez dijo que frente a la negativa de las autoridades locales, que consideran la problemática delincuencial que “se ha apoderado de la entidad” como un tema político electoral, la Cámara de Senadores, que representa el Pacto Federal, deber ser quien genere las condiciones y canales de comunicación para que se encuentren las respuestas a “tan lacerante problema”.

En este sentido, indicó que la necesidad de que la Federación intervenga es cada vez más apremiante y el tiempo se vuelve más valioso para evitar que siga creciendo el número de víctimas.

Recordó que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció la magnitud del problema al presentar la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Paz y Seguridad, el pasado 2 de diciembre del 2014, donde propuso: “un régimen de transición expedito para los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, al tratarse de entidades que tienen la mayor urgencia de atención”.

Manifestó que las autoridades obligadas a mantener y garantizar el orden se han visto rebasadas por el creciente poder delincuencial de grupos que causan miedo y temor en una sociedad que no está encontrando respuesta a sus exigencias y necesidades más primarias como el derecho a la vida y el acceso a una vida libre de violencia.

Las familias de Jalisco exigen resultados, que les garanticen paz, tranquilidad y seguridad, por lo tanto, no podemos ser omisos ante la sociedad de un estado que se encuentra sufriendo los embates de una violencia sin precedentes en la historia, expresó.

El senador puntualizó que Jalisco requiere medidas urgentes en materia de seguridad, desde un punto de vista social y responsable, “dejando de lado la visión electoral, porque la paz y la seguridad deben ser en todo momento derechos irrenunciables de todo ciudadano”.