La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que atenderá en tiempo y forma las observaciones encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la primera etapa de revisión a la Cuenta Pública 2021.

El reporte individual presentado por dicho organismo a la Cámara de Diputados el pasado 30 de junio, que alcanza un monto por aclarar de 120.7 millones de pesos, cuenta por ley con un plazo de 30 días hábiles para aportar información adicional y entregar los argumentos pertinentes para dar puntual atención a los hallazgos y montos por precisar, que se encuentran en etapa de seguimiento.

Así lo establecen los artículos 79 de la Constitución General de la República y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El estudio es resultado de siete auditorías de cumplimiento financiero a inversiones físicas que la ASF practicó a la SICT durante los primeros meses del ejercicio 2022 y refleja su análisis respecto de la información, documentación y aclaraciones que fueron entregados por la dependencia en tiempo y forma en los distintos procesos de revisión.

Las recomendaciones, observaciones y montos por aclarar que señala la ASF no son definitivos, ya que por Ley se encuentran aún en proceso de seguimiento, lo que permitirá a la SICT solventar los resultados que fueron presentados.

El informe individual de esta primera etapa de revisión a la Cuenta Pública 2021, permite a la SICT continuar trabajando en la mejora de sus procesos internos de control y en la atención de las observaciones, resultado de las revisiones practicadas, para realizar las correcciones, aclaraciones y alcances que derivan del informe presentado.

La Secretaría reitera su total compromiso de continuar cumpliendo con la Ley de manera escrupulosa, detallada, precisa y transparente a fin de atender a plenitud cualquier observación o recomendación de la autoridad fiscalizadora, así como para colaborar con las autoridades competentes, en caso de que se confirmara la existencia de algún acto de corrupción en perjuicio del erario, en concordancia con las directrices marcadas por el Ejecutivo Federal.