Gobierno de México garantiza por convicción el derecho a la memoria, verdad, reparación y no repetición de hechos ominosos para el país

“No hay memoria oficial ya en este país, porque la democracia ha llegado y no solo hemos reconocido la profunda crisis humanitaria de violación a los derechos humanos, sino también hemos asumido la responsabilidad como Estado para encarar esta situación”, aseguró.
Destacó que, para construir un proceso de memoria y verdad, éste tiene que ser un ejercicio participativo, plural e incluyente. “Queremos que el Estado garantice el ejercicio de verdad y justicia para que la sociedad vaya construyendo esta memoria colectiva con el aporte de las víctimas, de los sobrevivientes, de sus organizaciones y los colectivos, con la academia y todos los sectores de la sociedad porque no creemos en verdades únicas, sino interpretaciones muy disímbolas de nuestra sociedad y en los propios protagonistas que sufrieron los hechos de violencia y de represión en estos años tan ominosos para nuestro país”, sostuvo.
Al presentar el proyecto de la Ley General de Memoria afirmó que esta iniciativa se debe debatir en un parlamento abierto en el Congreso de la Unión, y explicó que se busca establecer una base para la discusión que se construya desde la centralidad de las víctimas.
El objetivo de la ley –dijo– será establecer cuáles son las responsabilidades del Estado en el tema, cómo deben implementarse las políticas públicas, respetando a las organizaciones, a las instituciones académicas, a las víctimas y a los familiares, y su independencia para garantizar los principios, criterios y obligaciones de distintas autoridades.
El cierre del encuentro de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños se llevó a cabo en el recinto Casa de la Reina, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap), al que asistieron su rectora, María Lilia Cedillo Ramírez; y la gerente del Programa Senior para África, América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional de Sitios de Conflicto, María Eugenia Franca.
Asimismo, la representante de Sitios de Memoria Latinoamericana y Caribeños, Verónica Torras; y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Guillermo Fernández-Maldonado Castro.
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