Hoy comenzó la primera Conferencia de las Partes (COP1, por sus siglas en inglés) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, con la oportunidad, para sus 12 países signatarios, de definir la estructura que le dará soporte al llamado Acuerdo de Escazú.

En el marco de la COP1, los países comparten los avances que han tenido desde su ratificación nacional e intercambiarán experiencias exitosas y lecciones aprendidas para fomentar el diálogo y la cooperación regional.

En este sentido, durante el segmento de acciones nacionales realizadas por los Estados parte y actividades desarrolladas por la Secretaría del Acuerdo, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Martha Delgado Peralta, presentó el trabajo y las propuestas de acción del país encaminadas a alcanzar una efectiva implementación a nivel nacional y a garantizar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, asegurando que nadie se quede atrás.

A lo largo de su intervención, la subsecretaria Delgado destacó que “para México, este instrumento representa el compromiso con la democracia ambiental y fortalece la gobernanza en la materia, tanto a nivel nacional como regional”.

De igual manera, después de enfatizar su beneplácito y alegría por concretar un trabajo de más de una década, felicitó a Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay por lograr una ratificación que permitió la entrada en vigor del Acuerdo, al tiempo que invitó a otros países a sumarse.

La subsecretaría Delgado dijo que ante los retos que enfrenta la región se busca dar solidez a los mecanismos de participación como un elemento clave para continuar la lucha contra la corrupción y la pobreza.

Como parte de este esfuerzo y actividades nacionales, remarcó la creación de un grupo interinstitucional y tres subgrupos de trabajo con el propósito de diseñar una ruta de acción para garantizar y fortalecer prácticas relativas a cada uno de los Derechos de Acceso del Acuerdo.

Además, se resaltó la coordinación y colaboración con la academia, la sociedad civil, los gobiernos estatales, municipales, locales, autoridades subnacionales y las agencias de cooperación francesa y alemana, dirigidas a considerar las necesidades de cada sector y reforzar su labor para su óptimo desempeño, tomando en consideración sus atribuciones particulares, para generar iniciativas y prácticas que permitan el involucramiento y la participación de todos los actores relacionados e interesados en la preservación ambiental y la defensa de los derechos humanos.

El país observa la necesidad de asegurar un diálogo continuo y propositivo, que derive en la creación de capacidades y beneficios para la región, además considera que al apoyarse en el Acuerdo, como un instrumento para el fomento al desarrollo y el fortalecimiento de prácticas basadas en un enfoque de derechos humanos, igualdad y transparencia, se fortalecerán la cooperación regional e internacional.

En este marco, es menester para el Gobierno de México que, en la COP1, se acuerde un documento con las reglas de procedimiento de la Conferencia, dando a las partes certeza para la aplicación y efectividad del Acuerdo. Por esta razón, es prioritario poner en marcha el Fondo de Contribuciones Voluntarias y contar con disposiciones financieras, priorizando programas multifocales que fortalezcan la gobernanza ambiental en la región.

La subsecretaría Delgado subrayó que México es precursor en la inclusión de la sociedad civil como parte de la Delegación y expresó que continuará trabajando para facilitar y apoyar la participación de otros actores como la sociedad civil, los grupos juveniles, las mujeres, los pueblos indígenas, la academia, el sector privado y los medios en la implementación del Acuerdo de Escazú, garantizando un proceso inclusivo y sólido.