La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, mediante el amparo directo en revisión 7330/2025, el caso de dos personas adultas mayores sentenciadas por despojo. En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la edad avanzada, las condiciones de salud, la dependencia, la vulnerabilidad cognitiva y las desventajas estructurales pueden generar barreras significativas para que este grupo acceda a la justicia.

La ministra destacó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a realizar ajustes razonables y a adoptar medidas diferenciadas de protección para las personas adultas mayores. Asimismo, coincidió con el proyecto del fallo en que la verificación formal de la presencia de un abogado resulta insuficiente, pues lo exigible es una protección de carácter sustantivo.

Esquivel Mossa aclaró que no procede ordenar la intervención de los agentes del sistema de protección a personas adultas mayores en todos los procesos donde figure un imputado de edad avanzada. La medida deberá activarse exclusivamente cuando, bajo el prudente arbitrio del juzgador, se constate una situación clara y verificable de vulnerabilidad que requiera acompañamiento adicional para nivelar las condiciones estructurales de desventaja.

En consecuencia, la ministra reconoció que el derecho a una defensa adecuada comprende la posibilidad de contar con el acompañamiento especializado de dichos agentes dentro del proceso penal, siempre que exista una situación material de vulnerabilidad que asegure la participación del adulto mayor en condiciones auténticas de comprensión, dignidad e igualdad.