El trabajo que se realiza en favor de la niñez y la adolescencia con base en el reconocimiento de que son plenos sujetos de derechos, es una causa en la que todas las personas servidoras públicas que, en razón de sus funciones tienen relaciones con ellas y ellos, tarde o temprano terminan involucradas y comprometidas personalmente, expresó la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.

Subrayó que el método de los Sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, del que forman parte el Sipinna nacional, los 32 estatales y 1,855 instalados en los municipios del país, es el instrumento idóneo para generar política pública en favor de este sector de la población, y sus secretarías ejecutivas son las entidades articuladoras de las entidades que integran los sistemas.

Durante su participación en la reinstalación del Sipinna del estado de Durango, apuntó que los sistemas son la mejor manera de construir escenarios que ayuden a resarcir y revertir las condiciones desfavorables que enfrentan un gran número de este grupo poblacional, que por mucho tiempo fueron invisibilizados como personas sujetas de derechos, pues son los espacios donde se presentan las propuestas, se asumen las obligaciones y se realizan acuerdos a fin de generar políticas públicas que garanticen su protección integral.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), constituye la base de un piso normativo sólido que en mucho facilita el trabajo de las autoridades encargadas de su protección, y permite abandonar esa visión adultocéntrica desde la que las personas adultas toman las decisiones sobre la niñez y adolescencia; pero olvidan que ellas y ellos son quienes mejor conocen los problemas que enfrentan, y que siempre tienen soluciones y propuestas que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta.

Dijo que entre este grupo poblacional hay algunos especialmente más vulnerables, como son, quienes viven en condiciones de discapacidad, en circunstancias de calle o de pobreza; indígenas, afrodescendientes, migrantes, por lo cual todas las autoridades deben tener el propósito de involucrarse con ellas y ellos, no solo como obligación laboral o moral, sino porque de eso depende el futuro del país.

Reconoció el compromiso del gobierno del estado de Durango con los más de 600 mil niñas, niños y adolescentes que habitan en su territorio, lo que se evidencia en tanto que, a muy pocas semanas de haber asumido la administración, se convocó a la sesión de reinstalación del Sipinna estatal, lo que demuestra el interés y la prioridad que en esta gestión se dará a este grupo etario.

En ese mismo entendido, reconoció la atención y el esfuerzo del secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien presidió la sesión de reinstalación; a su secretario ejecutivo, Francisco Javier Vela Valenzuela, a todas las instancias públicas que integran el Sistema estatal, a las personas representantes de los poderes Legislativo y Judicial locales, a las organizaciones de la sociedad civil y a las y los invitados especiales que asistieron a la sesión.

En la reinstalación participaron además el coordinador de Movilidad y Cooperación Académica en Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Enrique Ku González, quien presentó la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI) y su implementación territorial, así como el director de Determinantes Sociales de Salud para la Infancia y la Adolescencia del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) de la Secretaría de Salud (Salud), Agustín López González, quien expuso las actividades de vacunación contra la poliomielitis.