La ficha de búsqueda emitida para localizar a Marisela Verónica Baeza Gómez, una adolescente de 15 años originaria de Quintana Roo, fue desactivada después de que las autoridades confirmaran su hallazgo sin vida en Los Mochis, Sinaloa. La noticia fue dada a conocer el 12 de agosto de 2026, casi cuatro meses después de que se reportara su desaparición en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo había activado el protocolo de búsqueda el 28 de abril de 2026, con el folio FI26-1F744C76C-E3DD-416E-9063-EAD42C2DF94C.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Marisela medía 152 centímetros, pesaba 58 kilogramos, tenía complexión delgada, piel morena, cabello negro largo y liso, y una perforación en la nariz del lado derecho como seña particular. Estos datos fueron difundidos ampliamente en medios locales y nacionales, así como en plataformas oficiales, con el objetivo de sumar esfuerzos para dar con su paradero. Sin embargo, el desenlace fue trágico, y las autoridades solo confirmaron el hallazgo sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles responsables ni sobre las causas exactas de la muerte. La Fiscalía de Sinaloa y la de Quintana Roo mantienen comunicación para coordinar las investigaciones, aunque no han emitido declaraciones públicas más allá de la confirmación del deceso. La desactivación de la ficha de búsqueda, un procedimiento estándar en estos casos, cierra formalmente la búsqueda activa, pero deja abiertas múltiples interrogantes que la sociedad exige responder.

Este caso pone de relieve la crisis de desapariciones que enfrenta México, especialmente entre mujeres jóvenes. Datos oficiales señalan que entre 2010 y abril de 2025, al menos 28 personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos fueron asesinadas en el país, lo que refleja un entorno de alto riesgo para quienes intentan visibilizar estos casos. La muerte de Marisela se suma a una larga lista de víctimas que evidencian la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección, así como de garantizar justicia para las familias que claman por respuestas.

La localización sin vida de la adolescente ha generado consternación en su comunidad de origen y ha renovado los llamados a las autoridades para que se investiguen a fondo los hechos. Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han insistido en la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas que prevengan estas tragedias y que aseguren una respuesta rápida y coordinada ante cada reporte de desaparición. Mientras tanto, la familia de Marisela enfrenta el dolor de una pérdida irreparable, y la sociedad espera que este caso no quede en la impunidad.