Las uniones tempranas de niñas y adolescentes con hombres mayores de 18 años o de su misma edad son violentas en sí mismas, ya que privan a las menores del derecho a vivir su niñez y a tener un desarrollo integral como personas, así lo destacó Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). El Sipinna subrayó la necesidad de contar con información adecuada para diseñar estrategias efectivas que disminuyan y erradiquen estas prácticas.

Durante la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, Tort San Román enfatizó el papel crucial de las SE estatales para impulsar la generación de políticas públicas que protejan los derechos de las niñas y adolescentes. También apuntó a la necesidad de una mayor difusión y sensibilización sobre este tema a través de los canales disponibles.

Para luchar contra esta problemática, Tania Jiménez Romano, directora del Programa Nacional de Protección del Sipinna nacional, propuso cinco actividades interinstitucionales que las SE estatales pueden implementar. Entre estas actividades se encuentran la capacitación constante del personal estatal de salud en normas oficiales mexicanas, el incremento en la calidad y oferta de servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes, y la difusión de información entre estudiantes y personal docente.

También se propuso la implementación de la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME), elaborada por el Grupo Interinstitucional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes (Gipea). Este plan se complementa con la difusión de la nueva campaña para la prevención del embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil del Gipea, que prepara el Consejo Nacional de Población (Conapo) para su lanzamiento en 2023.

Estas propuestas representan una oportunidad única para abordar de manera integral el problema de las uniones tempranas, respetando y protegiendo los derechos de las niñas y adolescentes, y garantizando que puedan tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos.